Gestores deberán identificarse para realizar su labor en Tribunales

Los gestores que no tengan el carnet identificatorio proveído por la Dirección General d Recursos Humanos, mediante la Administración y Control de Personal, de la Corte Suprema de Justicia, no podrán ingresar al Palacio de Justicia para realizar la gestoría correspondiente. Así dispuso el pleno de la Corte Suprema de Justicia durante la última sesión plenaria, de acuerdo con la página Web del Poder Judicial. De esta manera, para que los gestores puedan ingresar a la sede judicial a realizar la gestoría, deberán contar con el carnet identificatorio y en ese modo se estableció que la Dirección General de Recursos Humanos, a través de la Administración y Control de Personal se encargue de realizar los trámites a los interesados, sean personas que ofrezcan sus servicios a la ciudadanía para agilizar sus trámites judiciales o sean auxiliares de abogados o escribanos. Requisitos.Los interesados en contar con el carnet identificatorio deberán cumplir con los requisitos como llenar el formulario proveído por la Dirección General de Recursos Humanos, a través de su Dirección de Administración y Control de Personal, fotocopia autenticada de Cédula de Identidad, antecedente Judicial original, antecedente policial original y ser mayor de 18 años. Asimismo se exigirá tener el Visto Bueno de la Dirección General de Recursos Humanos, a través de su Dirección de Administración y Control de Personal, en tanto la validez del documento será por un año prorrogable. El costo de la elaboración del carnet correrá por cuenta del solicitante, aclarándose además que los gestores que ya cuentan con el mencionado documento deberán renovarlo ante la Dirección General de Recursos Humanos, a través de su Dirección de Administración y Control de Personal. Se aclara asimismo, que el carnet no significará ningún vínculo laboral entre el portante y la Corte Suprema de Justicia y no resulta extensivo para realizar trámites ante órganos jurisdiccionales. Según la disposición, la Dirección General de Recursos Humanos, mediante su Dirección de Administración y Control de Personal, dará a conocer mensualmente acerca de la cantidad de gestores matriculados y las solicitudes presentadas, remitiendo las mismas al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para su correspondiente aprobación. Igualmente deberá informar si algún gestor incurriere en algún tipo de falta o agravio al decoro de la investidura judicial, cuyo carnet otorgado será pasible de revocación por parte del Consejo. Fuente: http://www.pj.gov.py/ Foto:http://www.pj.gov.py/

Supremo español anula indulto parcial por delito de tráfico

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el indulto parcial que el Gobierno español concedió el 21 de diciembre de 2012 a un conductor condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por delito contra la seguridad del tráfico en concurso con tres delitos de homicidio imprudente, de acuerdo con poderjudicial.es. En su sentencia, el alto tribunal motivó su decisión en que el informe preceptivo para la concesión de la medida de gracia fue emitido por un tribunal equivocado, ya que correspondía hacerlo a la Audiencia Provincial de Granada, y no a la jueza de lo Penal número 2 de esa misma provincia, que había dictado la sentencia inicial del caso. El Tribunal Supremo revocó el indulto y ordenó a la Audiencia que emita el correspondiente informe, antes de que el Gobierno vuelva a examinar el caso. El resto de dictámenes del expediente de indulto no son anulados. El joven que había sido indultado fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada a 2 años y medio de cárcel, en relación al accidente de tráfico que tuvo lugar en Huétor Santillán (Granada) en el verano de 2008, en el que fallecieron tres jóvenes que ocupaban un coche conducido por él al chocar el turismo contra un vehículo de recogida de basuras. Tras ser apelada esa sentencia, la Audiencia de Granada elevó la pena a 3 años y 3 meses de cárcel. Indulto.El condenado pidió el indulto. El Ministerio de Justicia remitió el expediente al presidente de la Audiencia de Granada, pero desde esa instancia judicial, a quien correspondía emitir el informe preceptivo por haberse convertido en tribunal sentenciador –ya que había elevado la pena inicialmente impuesta-, se reclamó el dictamen al Juzgado de lo Penal número 2. La sentencia indicó que esa irregularidad “no es imputable” al Ministerio, puesto que se dirigió a la Audiencia Provincial, que fue la que posteriormente la envió al Juzgado de lo Penal. La titular de ese Juzgado emitió informe favorable al indulto parcial, de modo que se redujera la pena a 2 años de cárcel para que el joven pudiera eludir el ingreso en prisión. El Gobierno concedió el indulto parcial en las condiciones que había pedido dicha jueza. Argumentos.En su sentencia, de la que fue ponente el magistrado Diego Córdoba, el tribunal argumentó su decisión de anular el indulto y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la emisión del informe del tribunal sentenciador, a que dicho dictamen no lo dictó el tribunal adecuado. En ese sentido, recordó la doctrina de la Sala Segunda del Supremo que establece que el tribunal superior que modifica la sentencia inicial de una causa se convierte en tribunal sentenciador a los efectos de competencia sobre el informe de indulto. De este modo, estima parcialmente el recurso planteado por familiares de las personas que fallecieron en el accidente de tráfico. Fuente: http://www.poderjudicial.es

Captar imágenes de la vida privada de una persona como prueba en un juicio no vulnera el derecho a la propia imagen

La Sala Primera del Tribunal Supremo dictaminó que captar fotografías de una persona sin su consentimiento en lugares públicos y en momentos de su vida diaria, para aportarlas como prueba documental en un juicio de faltas con el fin de acreditar que no se encontraba impedida para comparecer en el juicio, no supone una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, según poderjudicial.es. Así lo indicó en una sentencia de la que es ponente el presidente de dicha Sala, Francisco Marín Castán, que comenzó reiterando la doctrina sobre los criterios de ponderación judicial en caso de conflicto entre derechos fundamentales, en particular, cuando uno de los derechos afectados es el derecho a la propia imagen. Derecho a la propia imagen.Este derecho - dice literalmente la sentencia- “garantiza un ámbito privativo de la propia personalidad ajeno a injerencias externas, impidiendo la obtención, reproducción o publicación por un tercero de una imagen que contenga los rasgos físicos que permita reconocer su identidad”. Como cualquier otro derecho, “no es un derecho absoluto, sino que se encuentra sujeto a las limitaciones derivadas de los demás derechos fundamentales -en relación con un juicio de proporcionalidad-, de las leyes -artículos 2.1 y 8 (cuyos supuestos tienen carácter enumerativo) de la LO 1/82-, de los usos sociales -artículo 2.1 LO 1/82-, o de la concurrencia de singulares circunstancias, diversas y casuísticas, de variada índole subjetiva u objetiva, que, en un juicio de ponderación y proporcionalidad, excluyen la apreciación de la ilicitud o ilegitimidad de la intromisión”. En aplicación de dicha jurisprudencia, entendió la Sala que las circunstancias que rodearon la captación y utilización de la imagen de la recurrente determinan que en este caso no pueda considerarse vulnerado su derecho a la propia imagen, siendo razones que conducen a dicha conclusión, en síntesis, el contexto en que se hicieron las fotos (pues, aun sin su consentimiento, se captaron a la luz del día en lugares públicos y en momentos normales de la vida cotidiana); su destino (solo se utilizaron como prueba documental en un juicio de faltas para desmentir al marido de la recurrente, que había manifestado que su mujer estaba gravemente enferma y no podía salir de casa por culpa de las molestias originadas por los vecinos cuando las fotos revelan que eso no era cierto y que salía de casa a hacer la compra y al parque, para jugar a la petanca) y la ausencia de fines lucrativos. Todo ello justificó la divulgación de las fotos, tanto en el marco del derecho de defensa de los demandados en aquel juicio de faltas como desde la perspectiva del interés público del Estado en evitar la obstrucción al ejercicio de la potestad jurisdiccional. Fuente: http://www.poderjudicial.es

TS anula planes urbanísticos de Las Palmas de Gran Canaria

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decretó la nulidad del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria del año 2000, en lo referente a la categorización de los terrenos de la zona del Canódromo como suelo urbano no consolidado, pese a que se reconocía como área de edificabilidad agotada, según poderjudicial.es Del mismo modo, anula el Plan Especial de Ordenación ‘El Canódromo’, aprobado por el ayuntamiento en el año 2003, ya que tenía su cobertura en el Plan General. La Sala estimó parcialmente el recurso de la Asociación de Vecinos Ciudad Alta que pleiteó contra el ayuntamiento cuando pasó de considerar el suelo del canódromo como urbano consolidado a no consolidado, avalando la construcción de torres de viviendas en la zona. De acuerdo con los recurrentes, no fue la necesidad de construir una vía subterránea en la zona –como alegaba la Corporación— sino la de permitir una intensa edificabilidad destinada al uso residencial, cuya entrega a una empresa privada había previamente pactado mediante un convenio urbanístico. La sentencia dio la razón a la asociación en cuanto a la falta de justificación y de motivación de los planes y el cambio de categorización del suelo, pero no apreció ‘desviación de poder’ en la actuación administrativa. Según la Sala, con los elementos de prueba disponibles no se acreditó que la actuación administrativa responda a los fines espurios alegados por los recurrentes. El Supremo mostró además su discrepancia con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por incluir, “de manera innecesaria”, en la sentencia de instancia, la consideración de que, fuese cual fuese el pronunciamiento judicial, carecería de eficacia práctica pues las determinaciones aplicables al Canódromo serían las contenidas en el Plan General de Ordenación de 2005. “Precisamente por no haber sido objeto de enjuiciamiento esa adaptación básica del Plan General aprobada el 9 de marzo de 2005, ningún juicio cabe aventurar acerca de la ordenación que en él se establece, ni en sí misma considerada, ni en su relación con las determinaciones del Plan General de 2000 y del Plan Especial de 2003 que hemos declarados nulas”, explicó al respecto el Tribunal Supremo.Fuente: poderjudicial.es

El Maltrato psicológico en la vida de los niños

Los cuatro aspectos del maltrato psicológico. Primero, castigar conductas positivas y normales como sonreír, moverse, explorar, vocalizar y manipular objetos constituye un maltrato psicológico. Segundo, desalentar el vínculo bebé-cuidador constituye un maltrato psicológico. Tercero, castigar la autoestima es un maltrato psicológico. Cuarto, castigar las capacidades interpersonales necesarias para el rendimiento adecuado en contextos no familiares, como la escuela y los grupos de pares, constituye un maltrato psicológico. El maltrato psicológico transmite el mensaje de rechazo, peligroso para el desarrollo. Fuente: Por qué las familias abusan de sus hijos, de James Garbarino y John Eckenrode. Ediciones Granica 1999

Reconocen prestación de viudedad a una mujer tras separación

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo español acordó reconocer la prestación de viudedad a una mujer que tras su separación había percibido un importe mensual como manutención, sin que en el convenio regulador de la separación se hubiera fijado pensión compensatoria sino exclusivamente alimentos, aunque la beneficiaria no llegó a tener a su cargo al hijo común, según poderjudicial.es. El Pleno de la Sala Social modifica la doctrina que mantenía hasta ahora de exigir que la pensión percibida tras el divorcio o separación se hubiese fijado de modo nominal y expresamente como pensión compensatoria. La Sala explicó que mientras que la prestación de alimentos atiende a las necesidades de los hijos, la pensión compensatoria pretende atender al desequilibrio económico luego de una ruptura matrimonial. No obstante, en muchas ocasiones los conceptos de las prestaciones económicas que se satisfacen como consecuencia de la separación o divorcio producen confusión porque la atribución del cuidado de los hijos a uno de los progenitores ocasiona que la pensión comprenda tanto la finalidad compensatoria como la alimenticia (así, cuando se utilizan conceptos como “alimentos y ayuda a esposa e hijos”, “cargas familiares”, “gastos de esposa e hijos”). Ante el panorama de pensiones innominadas que se presenta en los convenios de separación y divorcio no es posible ceñirse exclusivamente a la denominación dada por las partes y no puede exigirse que la pensión compensatoria fuera fijada con esa denominación para poder acceder en su momento a la prestación de viudedad, sino que “habrá que acudir a la verdadera naturaleza de la pensión fijada a cargo del causante, extraída de las circunstancias del caso y acudiendo en suma a una interpretación finalista”. Por lo que el reconocimiento de la pensión de viudedad pasa por determinar si en el caso concreto el fallecimiento pone fin a una obligación asumida por el cónyuge fallecido con la finalidad de atender la finalidad propia de la pensión compensatoria, es decir, la pérdida del montante económico a que se tuviera derecho en el momento del fallecimiento y que se pierde por esta causa. Votos. La Sentencia, que contará con el voto particular de uno de los magistrados, desestimó el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que reconoció la pensión y recuerda que de acuerdo con el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social para tener derecho a pensión de viudedad "en los casos de separación o divorcio…se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante". En anteriores ocasiones (SSTS 14-2-2012, recurso 1114/11; 21-2-2012, recurso 2095/11 y 17-4-12, recurso 1520/11) la Sala, al interpretar el requisito de tener derecho a pensión compensatoria exigió que la pensión percibida tras el divorcio o separación se hubiese fijado de modo nominal y expresamente como pensión compensatoria, doctrina que es ahora modificada por la Sala. Por otra parte, en cuanto al segundo de los requisitos (que la pensión compensatoria se extinga a la fecha del fallecimiento del cónyuge), en Sentencia de 18/09/2013, rcud 985/2012, esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoció pensión de viudedad a una persona viuda, separada judicialmente, a la que la sentencia de separación había asignado pensión compensatoria, aunque durante los últimos once años anteriores al fallecimiento de su cónyuge no había percibido ni reclamado dicha pensión. La Sala entendió en esta otra Sentencia que la norma exige que la persona divorciada o separada tenga reconocida la pensión compensatoria, no que sea perceptora efectivamente de ella en el momento del fallecimiento, por lo que “la no reclamación de pensión compensatoria no supone su extinción”. El nuevo criterio de la Sala de lo Social se adoptó en Pleno el pasado 29 de enero, y el fallo de la primera de las sentencias donde se plasma fue notificado a las partes, a quien se notificará la sentencia íntegra en los próximos días. Fuente:poderjudicial.es Imagen:www.diariojuridico.com

Poema perdido del 11 de marzo

¿Dónde estás? Hoy tenías que cantar las voces del 11 de marzo. ¿Dónde te tiraron cuaderno mío los odiosos de la poesía? Eras mi creación, en ese poema expresaba mis sentimientos y el dolor de aquel doloroso atentado en Atocha. Te buscaré donde sea Vuelve poema perdido que este 11 de marzo tienes que cantar una esperanza ante tanta muerte y ante tanto dolor.